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Ley de Pago a 30 días para dar liquidez a las pymes chilenas

Aun cuando han surgido críticas, la nueva ley de pago a 30 días -que obliga a pagar a pequeños y medianos proveedores en un plazo más acotado- insta el concepto del pago oportuno como beneficio para toda la economía, pues la liquidez permite invertir en nuevo capital de trabajo.

Frenar los plazos excesivos de pago a los que se enfrentaban las pymes y emprendedores es el objetivo de la Ley de Pago a 30 días, promulgada en enero, y que, en la práctica, busca establecer una relación más simétrica entre las grandes y medianas empresas y sus proveedores.

Más que un problema de caja

Antes de la entrada en vigencia del cuerpo legal, muchas pequeñas y medianas empresas veían diferidos los pagos de sus productos y servicios hasta en 120 días, lo que les generaba problemas de flujo de caja, obligándolas a recurrir a otras alternativas de financiamiento para contar con capital de trabajo.

La norma –que es de carácter general y, por ende, también se aplica a las pymes que sean compradoras- regula el no cumplimiento de los plazos.

También garantiza el derecho a la aplicación de intereses por mora y el derecho a indemnización, y califica como cláusula abusiva a cualquier acuerdo que vulnere los derechos contenidos en el cuerpo legal.

“La Ley de Pago a 30 días surge como respuesta a una promesa de gobierno del presidente Sebastián Piñera de entregar oxígeno a las pymes y emprendedores, otorgándoles la liquidez que requieren para operar.  Antes de esta ley, los plazos de pago eran excesivamente amplios, originándose problemas de liquidez principalmente en las pymes y emprendedores”, explica la seremi Metropolitana de Economía, Carolina Undurraga.

El plazo de 30 días definido por la ley es, según la autoridad, más razonable y prudente para que las pymes puedan financiarse con sus propias ventas, sin recurrir a créditos.

Asimismo, ayuda a los emprendedores estar al día con sus obligaciones, logrando con ello un mercado más dinámico para todos. “Es una ley muy esperada por los micro, pequeños y medianos empresarios y que permite poner a Chile en marcha”, dice.

Reactivación económica

El tema no es menor si se considera la necesidad de reactivar la economía y que las micro, pequeñas y medianas empresas generan cerca del 66% del empleo a nivel nacional.

El adecuado funcionamiento del texto legal no solo entrega liquidez, también reduciría intereses por concepto de líneas de crédito y factoring y aumentaría el cumplimiento en los compromisos laborales y previsionales.

Además, si las pequeñas empresas cuentan con liquidez, no deben destinar esfuerzos y energías a asuntos ajenos a su actividad principal y pueden tomar decisiones que podrían terminar en nuevas inversiones, lo que genera un aumento en la demanda interna. De esta forma, señala la seremi Undurraga, se reducen los obstáculos para que las empresas crezcan y se desarrollen.

“Se busca instalar una cultura de pago robusta, junto con una mejor relación entre proveedores, por lo que tiene el potencial de impactar todo el entorno del negocio y, en especial, el del emprendimiento”, sentencia.

Complementando lo anterior, Federico Iriberry, director nacional de Emprendimiento de la Universidad San Sebastián, sostiene que la norma libera presión de financiamiento. “Sin esta ley, un emprendedor tenía que cubrir el costo del producto y recién recibir el pago a 60 o 90 días, lo que detenía la posibilidad de seguir produciendo más unidades por el estrés financiero”, explica.

Un primer paso

Esta ley fue largamente esperada por las pequeñas y medianas empresas, pero -a poco andar- surgieron cuestionamientos, pues se detectó una tendencia por parte de las grandes compañías de prolongar los plazos de pago hasta los 60 días máximo que permite la ley.

En la práctica, la norma dejó hasta febrero de 2021, con un periodo de 60 días para efectos de que las empresas pudieran adaptarse a este nuevo sistema de pago, pero no como una herramienta para alargar los plazos de pago. De ahí que el Gobierno anunciara ajustes para cautelar el espíritu de la ley, considerada el puntapié inicial hacia un cambio en la cultura empresarial: entender que pagar a tiempo a los proveedores beneficia a todos, pues impacta positivamente en toda la cadena de pago.

“Hemos realizado una gira en todo el país y en la Región Metropolitana para dar a conocer la ley y hacer un llamado a cada emprendedor, pymes y gran empresa, para que entiendan que la ley por sí sola no funcionará, que necesitamos que realicen un cambio cultural y entiendan que si uno paga a tiempo, el otro también puede hacerlo. Es una cadena de ganancias para todos si sabemos utilizarla bien”, asevera la seremi Carolina Undurraga.

En esta dirección, Iriberry piensa que la nueva ley se debe complementar con otras medidas, como seguir potenciado el Sello Propyme. “Es necesario entender que la caja es un estrés que las pymes no tienen capacidad de manejar”, precisa.

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