miércoles , agosto 3 2022

Estafas financieras: las decisiones irreversibles

El abogado Patricio Rodríguez, de Montt & Montt, nos explica si es posible salvar los capitales involucrados en negocios piramidales y cómo distinguir entre un verdadero asesor y uno farsante.

No estamos haciendo ninguna revelación trascendental, pero hay que decirlo con todas sus letras: nuestro país posee leyes y nor­mas en los ámbitos financiero y tributario, que no son comprendi­das por la mayoría de la población. Y hoy, más que nunca, se vuelve un desafío poner estos temas complejos, pero necesarios para la estabilidad económica, al alcance de todos los usuarios.

Lo mismo opina el abogado y consultor senior tributario de Montt & Montt y del grupo Paulmann, Patricio Rodríguez, quien advierte que la bullada estafa piramidal de AC Inversions, que defraudó a más de 5 mil personas por una cifra cercana a los $50.000 millo­nes, podría volver a ocurrir si no se toman las medidas necesarias, las que el experto resume en 3: auto educarse, difusión de este co­nocimiento por parte del Estado y por último, mejorar la regulación y el control por parte de las entidades financieras.

Si bien el sentido común debiese encen­der las luces de alarma, a veces motiva mucho más la posibilidad de ganar dine­ro fácil, aparentemente con bajo riesgo y apoyado en casos de éxito de amigos y familiares. Pero, incluso teniendo la ex­periencia positiva de cercanos, ¿confia­ría todo su capital a una empresa llama­da Valora Imberzions? Esa palabra que no existe en nuestro idioma ni en el que intenta asemejar, suena sospechosa, ¿verdad?, pues bien, “Inversions” tampo­co existe.

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Además de la responsabilidad individual de los clientes, quienes deben man­tenerse informados y asesorarse por expertos, ¿de qué forma la autoridad puede evitar que surjan empresas em­baucadoras como AC Inversions?

La responsabilidad es compartida entre los inversionistas y las autoridades finan­cieras. Hay entes regulatorios como la SBIF y la SVS, que deben investigar y ejer­cer control -dentro de sus competencias- a las empresas que operan en el mercado.

Esta empresa en particular, operaba bajo la figura legal de MUTUO, para no caer dentro de la fiscalización pertinente. Pero si visitas las páginas de estas entidades, te fijarás que cuentan con toda la información necesaria disponible para que el interesa­do pueda indagar. Es decir, la tarea es do­ble, pues por un lado el inversionista debe informarse y por otro, el Estado debe pro­veer las herramientas para hacerlo.

Si quienes operan en este nicho detectan alguna anomalía, el camino regular es de­nunciar o querellarse ante la Fiscalía. La­mentablemente acá recién se conocieron los hechos cuando esta “pirámide” se ha­bía desmoronado.

En estos casos, ¿es posible recuperar algo del capital invertido?

En este tipo de casos, la justicia exige responsabilidades tanto civiles como penales, así como también imponer cas­tigo a los culpables y la recuperación de los dineros. Esta tarea recae tanto en el fiscal como en los abogados querellan­tes, que son quienes solicitan gestiones al juez de garantía para que determine, por ejemplo, si existen actos jurídicos que sean simulados.

En cuanto al dinero -que no se sabe si está en Chile o en el extranjero-, es muy difícil recuperar su totalidad, pues los sistemas piramidales cuentan con respaldo econó­mico durante los primeros años, y después -cuando se desmoronan- el activo se em­pieza a repartir probablemente en paraísos fiscales para ocultarlo. Pero es de esperar que se recupere un porcentaje de los fon­dos defraudados.

Con respecto a los implicados, los acusa­dos se encuentran en prisión preventiva, por razones de seguridad y porque ade­más su testimonio puede influir en el éxito de la investigación.

¿Cuánto puede durar un juicio donde exis­ten más de 5 mil víctimas involucradas?

El proceso de investigación tiene un plazo, que señala el fiscal y el abogado quere­llante, que puede ir modificándose hasta que esté completa la recopilación de los antecedentes necesarios para determi­nar si existe delito o no. Su duración pue­de prolongarse hasta por 2 años, y tras el cierre de la investigación, se puede acusar al imputado y comenzar el juicio oral para dictar sentencia.

¿Existe algún procedimiento de denun­cia formal donde se pueda alertar a la autoridad sobre estos estafadores que están operando en el mercado?

Debe hacerlo quien sospecha de una em­presa, porque la autoridad no tiene cómo saber si ésta opera mal o no. Ahora, en este caso se estudia la posibilidad de que el SII se querelle, pues está investigando el origen de las utilidades obtenidas por la compañía, ya que los antecedentes tri­butarios presentados por AC Inversions no concuerdan.

Personalmente, creo que esto es solo el principio y que no solo tendremos la que­rella del SII, sino que conoceremos más implicados en este delito.

¿Es recomendable para las personas que se interesan en invertir en el mercado financiero, hacerlo por sí mismos?

Si bien este mercado está regulado, es necesario que quienes deseen invertir se protejan, porque es difícil defenderse de quienes buscan sacar provecho de la ignorancia.

Creo que es valioso aprender de nuestros mismos errores. La autoridad administrati­va debe corregir sus debilidades, así como nosotros informarnos adecuadamente.

 

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