La Reforma en lista de espera

Los anunciados cambios estructurales que se aplicarán al sistema de salud chileno, se han transformado en un verdadero dilema que involucra a todos los ciudadanos, incluyendo a los prestadores de salud. Quisimos saber cuál es la impresión que tiene el rubro sobre los cambios que se vienen y que ya demoran más de la cuenta.

Hasta la fecha, ninguo de los dirigentes del sector salud con quienes conversamos para esta edición, a visto un proyecto estructurado y completo sobre la reforma de salud. No obstante, el gobierno viene transparentando desde mediados de 2014 su intención de crear las bases de un sistema de salud que converja a un fondo único y que financie un plan de salud general, donde estaremos todos los chilenos por igual.

Con esta nueva estructura, el papel de las Isapres quedaría relegado a un rol sólo de venta de seguros complementarios.

Este cambio modificará el sistema privado que hoy conocemos y al eliminar la opción de múltiples aseguradores, habrá un solo comprador de atenciones de salud en el país, que fijará los precios anuales. FONASA lo hace de esta forma, pero en este nuevo modelo los prestadores ya no tendrán otros compradores alternativos con los que negociar mejores precios, por lo que desincentivará el empleo e inmovilizará la inversión en este rubro.

Otro dato importante, es que de las prestaciones totales que se realizan en el país, el 48% de ellas se practica en establecimientos privados. La calidad del servicio y el acceso a la atención en diferentes regiones de Chile, son 2 ventajas del sistema privado que podrían desaparecer para los usuarios con el nuevo modelo.

La voz de los prestad ores 

Antes de la llegada de Camilo Cid a la presidencia de la Comisión Asesora Presidencial de Salud, personeros de Gobierno aseguraban que el sistema mantendría el multiseguro, la libre elección, que los prestadores no se verían afectados, que no habría estatización de la cotización de salud, y que se respetarían los contratos actuales vigentes entre las Isapres y los afiliados. Sin embargo, ese discursó se modificó a partir de  septiembre de 2014 y la incertidumbre y la preocupación empezaron a esparcirse entre los prestadores privados.

Rafael Caviedes, Presidente de la Asociación de Isapres de Chile, manifiesta su preocupación. “Las Isapres reconocemos que se requiere incluir cambios en el modelo de aseguramiento privado para acercar sus  principios a los de la seguridad social. Por ello, pusimos a disposición de las autoridades toda nuestra voluntad y compromiso con el fin de generar los ajustes necesarios. Nos referimos, por ejemplo, a la necesidad de contar con un plan garantizado, establecer libre movilidad de afiliados con pre existencias y fijar precios parejos, siendo éste el punto más apremiante del debate”, explica Caviedes.

Sin embargo, el actual proceso de judicialización de las alzas de los planes de salud, está aumentando a tal velocidad que podría no ser soportada por las aseguradoras, y el temor del gremio son las consecuencias que pueda causar a los usuarios.

“El Gobierno debe tomar conciencia que esto arriesga la estabilidad de los planes de salud de miles de personas que deberán ser recibidas en FONASA si se destruye alguna Isapre por esta causa, pero creemos que este tema no es prioridad para la autoridad”, argumenta Rafael Caviedes. Recordemos que, hasta diciembre pasado, cerca de 135 mil personas lograron revertir el alza de sus planes por la vía judicial. Mientras, las Isapres enfrentan incrementos en sus costos de un 10% y de un 14% en las licencias médicas.

Ana María Albornoz, Gerente General de Clínicas de Chile, indica que las modificaciones al sistema son necesarias. Es más, ella integraba originalmente la Comisión de Salud que trabajaría en la reforma, pero renunció a éste en septiembre de 2014, por diferencias irreconciliables con las posturas de su presidente.

“Esta iniciativa solo ha sabido sumar retrasos. Estábamos esperanzados en que se tomarían determinaciones para hacer más fluido este operar de las personas hacia sus instituciones y acceder fácilmente a sus prestadores de salud, pero la respuesta se sigue postergando, incluso más allá de marzo-confiesa Ana María Albornoz. “Estos sistemas de fondos mancomunados o únicos, son modelos que efectivamente existen en otras economías, pero cuentan con más recursos y así, el fondo licita buenas prestaciones, atenciones médicas a buenos valores y cuenta con la infraestructura adecuada para atender la demanda.

En el caso chileno, no existen las espaldas para soportar este gasto que asegure mantener un nivel alto de desarrollo, de calidad, de capacitación, al que estamos acostumbrados”, indica la Gerente de Clínicas de Chile.

Contradicciones del modelo

Sobre el modelo “Fondo de Salud Único Solidario”, se ha señalado que el sistema integra una visión de largo plazo, pues requerirá de un periodo de 10 años para su implementación. Sin embargo, los efectos de corto plazo podrían impactar el acceso a las atenciones de salud de los cotizantes, que quedarían entrampados en la burocracia del sistema. Esta situación hace crecer la inquietud entre los prestadores.

De acuerdo a las cifras proporcionadas por Clínicas de Chile, en sus estudios internos, el número de pacientes en espera, que pertenecen al sistema público, sobrepasa los 1,6 millones de personas. Existen más de 240 mil que esperan por una intervención quirúrgica originada por una patología No-GES.

Cuando se entregue el libre acceso podría ocurrir que las personas más enfermas se trasladen inmediatamente al nuevo fondo, aunque les signifique el pago de una prima adicional. Esta situación, en las condiciones actuales, obligará a las Isapres a asumir un aumento explosivo de nuevos afiliados, todos con riesgos altos de salud, lo que desfinanciaría el sistema. Por otro lado, en caso de lograr traspasar los precios, el nuevo nivel de riesgo a asumir, elevaría tanto los costos para las personas de menor riesgo (jóvenes y sanos) que deberán emigrar a FONASA y buscar una solución privada y más cara como un seguro.

Otro aspecto que resulta inconveniente, es la propuesta que hacen para un seguro catastrófico. “Creemos que ese punto presenta problemas de solvencia y debe ser redefinido. Se planteó como criterio de activación del seguro la acumulación de copagos anuales y no los eventos médicos específicos, generando así un incentivo algo perverso para activar el stop-loss, lo que encarecería mucho los costos y provocaría el efecto contrario a lo que se espera del sistema”,explica Ana María.

“Para nosotros, esta demora significa que están en una exhaustiva fase de revisión del proyecto y se podrán modificar sus debilidades. Solo esperamos que esta reforma no le falle a las personas como lo hizo el Transantiago”, concluye Ana María Albornoz.

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